En medio del terremoto social que nos hallamos viviendo, la situación del comercio ilegal y su proliferación en Valparaíso debe requerir nuestra atención.

Atribuir este fenómeno exclusivamente a las situaciones de desigualdad, o de precariedad y estrechez económica, no parece tan claro, y mucho menos el pretender eximir a priori de toda responsabilidad a quienes con sus conductas pudieran afectar o atentar (como ha ocurrido) contra los derechos de los demás..

En el fenómeno del comercio ambulante, las situaciones de verdadera necesidad se mezclan con la explotación de personas, el tráfico de drogas, el contrabando y la violencia -lo que en muchas ocasiones ha terminado por poner en grave riesgo bienes jurídicos tan importantes como la seguridad, la integridad y la salud de las personas-, conductas que dan cuenta no sólo de carencias económicas, sino también de una pérdida de valores compartidos, de una profunda ruptura de los vínculos sociales y de un fuerte retroceso de lo público, con una creciente subjetivización de la vida sumada a un fuerte retroceso cultural y por supuesto, a la anomia que atraviesa hoy en día a nuestra sociedad.

Los productos que se distribuyen en las calles implican las más de las veces una violación a las leyes de propiedad intelectual e industrial, o bien son una fachada que encubre la distribución de drogas, e incluso, una actividad que encubre el desarrollo de redes de explotación de personas, afectando directamente a los comerciantes o fabricantes de los productos que cumplen con la legislación vigente, generando competencia desleal e informalizando la economía., y perjudicando a los compradores de tales productos, ya que muchas veces traen consigo riesgos para la salud y seguridad.

Por ello es que en todas partes se ha entendido la necesidad de regular esta actividad, bajo el entendido de que no parece deseable alentar ni fomentar esta clase de comercio que en el largo plazo es más perjudicial que beneficioso para la ciudad.

De este modo, el comercio callejero o ambulante se ha permitido de modo restringido, a través de la figura de los permisos precarios, los cuales se otorgan en virtud de una evaluación social -que comprueba efectivamente la existencia de necesidad socioeconómica-, son además esencialmente transitorios -Duran mientras se mantenga la situación de precariedad que debe reevaluarse periódicamente-, y regulan con detalle, donde se puede comerciar, qué se puede vender y los horarios para hacerlo, dando origen al distingo entre comercio ambulante legal (aquél que cuenta con permiso precario y satisface las exigencias relativas a situación social y al qué, dónde y cuándo se vende) y comercio ambulante ilegal (Que no se encuentra en la situación anterior)

Pero además, la diferencia entre comercio ambulante legal e ilegal estriba en el compromiso ético que posee aquel comerciante que hace los trámites para obtener su permiso precario, porque entiende que su situación debe armonizarse de modo tal que los demás también puedan desarrollar sus actividades sin embarazo, a diferencia del comerciante ilegal, quien movido solo por su subjetividad, no reconoce ninguna normatividad que lo mueva a conducirse por otro fundamento que no sea su propio deseo.

En algún sentido esta última forma de comercio (el comercio ilegal) expresa muy bien la racionalidad neoliberal que plantea que todo es susceptible de constituir a su respecto derecho de propiedad. El acto de apropiación, se opone a lo público que es aquello que por ser de todos, nadie se lo puede apropiar. Sin embargo, el comercio ilegal se apropia de calles, veredas, plazas, al punto que no es infrecuente ver casos de heridos y lesionados que peleaban por un pedazo de cuadra.

Pretender eximir -a priori- de responsabilidad a las personas que comercian ilegalmente (Quienes tendrían derecho a comerciar lo que quieran, donde quieran y cuando quieran), en razón de su precariedad, significaría despojarlos de la posibilidad de decidir, posibilidad que es fuente de su dignidad, porque la responsabilidad por sus actos es indisoluble de su propia libertad.

¿De qué otro modo se puede ser libre si definimos que un determinado grupo por causa de una determinada condición no tiene responsabilidad por ninguna de sus acciones?

Por supuesto. Habrá que distinguir cada caso en particular, y es evidente que alcanzar una solución definitiva a este problema no será sencillo. Sin embargo, es mandatorio el abordar este problema de un modo ojalá definitivo, desde la solidaridad y también la responsabilidad, con fórmulas creativas y a través de un proceso concertado entre los actores involucrados, a saber: Alcaldía, comerciantes formales y comerciantes informales, adoptando las medidas de control y fiscalización que sean necesarias.

Veamos algunas alternativas factibles de implementarse en el corto plazo:

Realizar a la brevedad un catastro de quienes actualmente comercian en las calles, a fin de detectar quienes se encuentran en situaciones de necesidad que autoricen el otorgamiento de permisos precarios.
Adecuación de uno o más inmuebles de la ciudad con el fin de ubicar allí un centro comercial que agrupe a los vendedores de ropa, artículos de miscelánea y algunos alimentos procesados;
Para los vendedores de frutas y verduras, la organización de un local comercial en el centro de la ciudad y otras, el establecimiento de mercados móviles, que se desarrollen durante toda la semana en diferentes sitios de la ciudad.

Constituir y promover la creación de microempresas para la producción y comercialización de alimentos procesados, cuyos destinatarios no sean solo el consumidor final, sino los diferentes establecimientos que hay en la ciudad.

Operativos policiales de fiscalización e investigación: Trabajar de manera coordinada con Carabineros a fin de llevar a cabo un copamiento preventivo en los puntos más propensos a la concentración de comercio ambulante. Asimismo, fomentar el trabajo investigativo de la PDI, en conjunto con el SII y el servicio de aduanas con el objetivo de desbaratar toda la cadena delictual que sostiene este fenómeno.

Principio de coordinación: Las medidas que se adopten en el marco del trabajo realizado por todos los órganos y servicios convocados deben ser necesariamente entendidas a la luz del señalado principio de coordinación, lo que importa que han de ser ejecutadas conjuntamente por los órganos recurridos, bajo una dirección que los conduzca al resultado esperado, y en el natural entendido de que cada cual habrá de concurrir a ese objetivo en el marco de sus respectivas competencias.

Campaña comunicacional: Hacer una campaña de difusión sobre los peligros del comercio ilegal en distintos medios de comunicación y redes sociales. La idea es generar un discurso único de todas las instituciones públicas y privadas en torno a esta problemática.

No olvidemos que el campo de batalla somos nosotros mismos y que la rebeldía del presente consiste en entender que ser ciudadano implica deberes, y uno de ellos, quizás el más importante es el de comportarnos fraternalmente unos con otros.

Entender que toda persona está obligada a cuidar la comunidad en la que vive porque es el único lugar que puede garantizar su máximo desarrollo material y espiritual.