El abogado Rodrigo Díaz Yubero, presentó este Miércoles 15 de Abril a través de la Plataforma digital del Poder Judicial un recurso de protección para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en contra de la ilustre municipalidad de Valparaíso; la seremi de salud de Valparaíso, y la gobernación provincial de Valparaíso, por la actual situación del comercio ambulante en el sector de Plaza Aníbal Pinto, el que –además de ser ilegal-, constituye un grave factor de riesgo que acelera la velocidad de propagación del COVID 19 comprometiendo de modo grave la salud y la seguridad de quienes residen y trabajan en dicho sector.
En ese sentido, el recurso denuncia que “…pese a las insistencias, llamados, requerimientos y pronunciamientos de particulares, entidades privadas e incluso públicas a nivel regional y nacional, existen todavía personas que se niegan a adoptar una conducta acorde con la situación de emergencia descrita…”, y agrega que “…A pesar de haber obtenido este recurrente una sentencia favorable que ordenaba a los recurridos fiscalizar en el radio de la Plaza Aníbal Pinto situaciones relativas al comercio ilegal y a hechos que puedan constituir riesgo para la seguridad y la salud de las personas, ello no ha ocurrido…” “… al día de hoy, continúa habiendo grupos de personas que se apostan y aglomeran en la vereda contigua a la salida principal del Edificio Cooperativa Vitalicia, inmueble emplazado en un costado de la Plaza Aníbal Pinto, los cuales se siguen reuniendo a beber alcohol y drogarse, y continúan vendiendo ilegalmente artesanías, alimentos y bebidas en la vía pública, sin que se observe una acción del Municipio en torno a que se acaten las normas impositivas que estas personas deben cumplir, pues carecen de patente municipal y tampoco pagan los impuestos sobre su actividad lucrativa, como tampoco se observa alguna conducta de parte de la gobernación provincial, que es la encargada de la seguridad y vigilancia de los bienes del estado, o de la SEREMI de Salud V Región, la que debiendo fiscalizar y adoptar las medidas tendientes a la eliminación de aquellos factores que puedan comprometer la salud en general, sin embargo no lo hace…”
Asimismo, señala que en definitiva “es precisamente aquella falta del deber de fiscalización el que se reprocha en el recurso, puesto que a pesar de la ilegalidad y de la situación de riesgo que supone la existencia de comerciantes ilegales emplazados y aglomerados en el entorno de la Plaza Aníbal Pinto, especialmente en el contexto de una epidemia tan grave como el COVID 19, la autoridad omite fiscalizar con la frecuencia adecuada en el ejercicio de aquellas potestades de las que dispone y que son aplicables,”.
Finalmente, la Corte de Valparaíso deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y eventualmente, ordenar que informen los recurridos, lo que deberá ocurrir dentro de los próximos días.